La Unión Europea (UE) ofreció bajar el arancel que cobra al ingreso de banano de los actuales 176 euros por tonelada a 95 euros en un período de 10 años.
Así trascendió anteayer en una reunión de productores independientes, compañías comercializadoras, directores y parte administrativa de la Corporación Bananera Nacional (Corbana) con representantes del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
La propuesta la confirmó en la tarde de ayer el vicepresidente general de la Cámara Nacional de Productores Independientes de Banano, Luis Umaña.
El ministro, Marco Vinicio Ruiz; el jefe negociador adjunto de la parte comercial para el Acuerdo de Asociación con la UE, Fernando Ocampo, y la directora general de comercio, Gabriela Castro, asistieron al encuentro convocado por Corbana.
La oferta se dio en el marco del Acuerdo de Asociación. La primera reducción sería de 176 euros a 148 euros y seguiría un cronograma de 10 años para llevar el impuesto a 95 euros por tonelada.
Umaña y el gerente general de Corbana, Jorge Sauma, enfatizaron, por separado, que esa última propuesta europea no es satisfactoria. Para ellos, se debe aspirar en el Acuerdo de Asociación a mejores condiciones que las ofrecidas por Europa en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sauma opinó que con ese objetivo se deben acelerar las negociaciones del Acuerdo.
Umaña recordó que esta oferta es muy parecida a la que se negoció entre los países latinoamericanos y la UE, en Ginebra, Suiza, en julio del año pasado, en el marco de la OMC. En ese caso, el plan era reducir el arancel de 176 euros por tonelada a 114 euros por tonelada, pero en siete años.
La UE no adoptó finalmente el acuerdo de julio porque lo supeditó a las negociaciones multilaterales de la ronda de Doha.
Umaña declinó referirse al arancel que pide Costa Rica, pero recordó que durante un tiempo estuvo en 75 euros por tonelada, lo que elevó la competitividad.
Durante el período en que el arancel fue de 75 euros por tonelada, la UE también incluía cuotas de exportación y licencias. Ahora no puede imponer esas reglas por prohibición de la OMC.
……………….
LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y FEBRERO EN EL CARIBE
7 millones de cajas de banano se perdieron por inundaciones
Aguaceros de la primera semana de febrero afectaron 6.000 hectáreas. Corbana pide medidas urgentes para reparar vías, diques y drenajes
FUNDAMENTAL EN EL CARIBE
40.000 empleos directos generan el sector bananero. Las plantaciones están en los cantones limonenses de Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón centro y Talamanca, y en Sarapiquí, Heredia.
45.000 hectáreas están sembradas con la fruta en la región caribeña del país, según datos de la Corporación Bananera Nacional (Corbana). El cantón con más producción es Matina, seguido por Pococí y Siquirres. Las inundaciones afectaron áreas en Sixaola (Talamanca), Matina y Siquirres especialmente, según el reporte.
$ 672 millones generó al país la exportación de banano durante el 2008, según la Promotora del Comercio Exterior (Procomer). En el 2007 fueron $ 660 millones y en el 2006 la cifra llegó a $ 610 millones.
100.000 personas tienen empleo indirecto en la actividad bananera costarricense. Están en actividades como el transporte, el comercio alrededor de las fincas, el suministro de insumos (fertilizantes, plástico, cartón y otros).
Al menos siete millones de cajas de banano dejarán de exportar Costa Rica, este año, consecuencia del impacto de las inundaciones de finales de noviembre y la primera semana de febrero.
La emergencia que se vivió por los aguaceros de la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre empeoró con las precipitaciones de la primera semana de febrero.
Además de las pérdidas bananeras, 2.440 pequeños agricultores de la región del Caribe sufrieron el destrozo de sus cultivos, según un informe preliminar de la dirección regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Las lluvias anegaron 2.590 hectáreas, sin incluirlas dedicadas al cultivo de banano.
En la primera ocasión se afectaron casi 11.000 hectáreas plantadas con esa fruta. En la segunda inundación fueron alrededor de 6.000 hectáreas, según datos preliminares de la Corporación Bananera Nacional (Corbana).
Los cálculos establecieron que tras el problema de noviembre el país dejaría de exportar unos cinco millones de cajas de 18 kilos cada una. Ahora habrá que agregar dos millones de cajas de ese peso.
Este volumen representa alrededor del 7% de la producción nacional, que está cerca del promedio de los 100 millones de bultos al año. De acuerdo con el precio de salida actual de $7,59 por cada caja, las pérdidas llegan a $ 53 millones (unos ¢30.100 millones, al tipo de cambio de referencia para venta).
Las fincas bananeras afectadas por las últimas lluvias también sufrieron con los aguaceros del año pasado, manifestó Jorge Sauma, gerente general de Corbana. Algunas de estas estaban en las primeras etapas de la rehabilitación cuando ocurrió la emergencia.
Recurrente. Sauma recordó que los problemas en las zonas que fueron afectadas por inundaciones, en dos ocasiones, en dos meses, son cíclicos. Cada vez que se presentan las crisis, las comunidades, los productores y el país deben invertir grandes sumas, comentó.
Por tal razón, Corbana gestiona en este momento medidas para que se realicen trabajos para erradicar permanentemente los problemas.
Sauma dijo: “Por la forma en que está construida y la ausencia de entubamiento, la carretera a Sixaola, por ejemplo, se convierte en un dique que no soporta el golpe de la inundación y cada cierto tiempo se destruye”.
Se destruyeron diques que sostenían las aguas de ríos en algunas poblaciones y fincas, caminos y puentes por las últimas lluvias.
Además, Corbana enfatizó que se requiere con mucha urgencia el dragado del río Sixaola, una tarea que se coordina con Panamá mediante contacto de los ministros de Agricultura.
Los bananeros le proponen al Gobierno utilizar la figura de Corbana, donde el Estado es socio, para trasladar recursos que ya están disponibles en algunas entidades estatales y ejecutar las obras.
La propuesta se presentó ante la necesidad de agilizar los trabajos, en vista de la cercanía del invierno y la posibilidad de nuevas emergencias por aguaceros.
La idea es evitar la gran tramitología de las instituciones públicas, que retrasa la reconstrucción.
Los recursos seguirían bajo la vigilancia y auditoría de la Contraloría General de la República.
Así trascendió anteayer en una reunión de productores independientes, compañías comercializadoras, directores y parte administrativa de la Corporación Bananera Nacional (Corbana) con representantes del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
La propuesta la confirmó en la tarde de ayer el vicepresidente general de la Cámara Nacional de Productores Independientes de Banano, Luis Umaña.
El ministro, Marco Vinicio Ruiz; el jefe negociador adjunto de la parte comercial para el Acuerdo de Asociación con la UE, Fernando Ocampo, y la directora general de comercio, Gabriela Castro, asistieron al encuentro convocado por Corbana.
La oferta se dio en el marco del Acuerdo de Asociación. La primera reducción sería de 176 euros a 148 euros y seguiría un cronograma de 10 años para llevar el impuesto a 95 euros por tonelada.
Umaña y el gerente general de Corbana, Jorge Sauma, enfatizaron, por separado, que esa última propuesta europea no es satisfactoria. Para ellos, se debe aspirar en el Acuerdo de Asociación a mejores condiciones que las ofrecidas por Europa en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sauma opinó que con ese objetivo se deben acelerar las negociaciones del Acuerdo.
Umaña recordó que esta oferta es muy parecida a la que se negoció entre los países latinoamericanos y la UE, en Ginebra, Suiza, en julio del año pasado, en el marco de la OMC. En ese caso, el plan era reducir el arancel de 176 euros por tonelada a 114 euros por tonelada, pero en siete años.
La UE no adoptó finalmente el acuerdo de julio porque lo supeditó a las negociaciones multilaterales de la ronda de Doha.
Umaña declinó referirse al arancel que pide Costa Rica, pero recordó que durante un tiempo estuvo en 75 euros por tonelada, lo que elevó la competitividad.
Durante el período en que el arancel fue de 75 euros por tonelada, la UE también incluía cuotas de exportación y licencias. Ahora no puede imponer esas reglas por prohibición de la OMC.
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LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y FEBRERO EN EL CARIBE
7 millones de cajas de banano se perdieron por inundaciones
Aguaceros de la primera semana de febrero afectaron 6.000 hectáreas. Corbana pide medidas urgentes para reparar vías, diques y drenajes
FUNDAMENTAL EN EL CARIBE
40.000 empleos directos generan el sector bananero. Las plantaciones están en los cantones limonenses de Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón centro y Talamanca, y en Sarapiquí, Heredia.
45.000 hectáreas están sembradas con la fruta en la región caribeña del país, según datos de la Corporación Bananera Nacional (Corbana). El cantón con más producción es Matina, seguido por Pococí y Siquirres. Las inundaciones afectaron áreas en Sixaola (Talamanca), Matina y Siquirres especialmente, según el reporte.
$ 672 millones generó al país la exportación de banano durante el 2008, según la Promotora del Comercio Exterior (Procomer). En el 2007 fueron $ 660 millones y en el 2006 la cifra llegó a $ 610 millones.
100.000 personas tienen empleo indirecto en la actividad bananera costarricense. Están en actividades como el transporte, el comercio alrededor de las fincas, el suministro de insumos (fertilizantes, plástico, cartón y otros).
Al menos siete millones de cajas de banano dejarán de exportar Costa Rica, este año, consecuencia del impacto de las inundaciones de finales de noviembre y la primera semana de febrero.
La emergencia que se vivió por los aguaceros de la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre empeoró con las precipitaciones de la primera semana de febrero.
Además de las pérdidas bananeras, 2.440 pequeños agricultores de la región del Caribe sufrieron el destrozo de sus cultivos, según un informe preliminar de la dirección regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Las lluvias anegaron 2.590 hectáreas, sin incluirlas dedicadas al cultivo de banano.
En la primera ocasión se afectaron casi 11.000 hectáreas plantadas con esa fruta. En la segunda inundación fueron alrededor de 6.000 hectáreas, según datos preliminares de la Corporación Bananera Nacional (Corbana).
Los cálculos establecieron que tras el problema de noviembre el país dejaría de exportar unos cinco millones de cajas de 18 kilos cada una. Ahora habrá que agregar dos millones de cajas de ese peso.
Este volumen representa alrededor del 7% de la producción nacional, que está cerca del promedio de los 100 millones de bultos al año. De acuerdo con el precio de salida actual de $7,59 por cada caja, las pérdidas llegan a $ 53 millones (unos ¢30.100 millones, al tipo de cambio de referencia para venta).
Las fincas bananeras afectadas por las últimas lluvias también sufrieron con los aguaceros del año pasado, manifestó Jorge Sauma, gerente general de Corbana. Algunas de estas estaban en las primeras etapas de la rehabilitación cuando ocurrió la emergencia.
Recurrente. Sauma recordó que los problemas en las zonas que fueron afectadas por inundaciones, en dos ocasiones, en dos meses, son cíclicos. Cada vez que se presentan las crisis, las comunidades, los productores y el país deben invertir grandes sumas, comentó.
Por tal razón, Corbana gestiona en este momento medidas para que se realicen trabajos para erradicar permanentemente los problemas.
Sauma dijo: “Por la forma en que está construida y la ausencia de entubamiento, la carretera a Sixaola, por ejemplo, se convierte en un dique que no soporta el golpe de la inundación y cada cierto tiempo se destruye”.
Se destruyeron diques que sostenían las aguas de ríos en algunas poblaciones y fincas, caminos y puentes por las últimas lluvias.
Además, Corbana enfatizó que se requiere con mucha urgencia el dragado del río Sixaola, una tarea que se coordina con Panamá mediante contacto de los ministros de Agricultura.
Los bananeros le proponen al Gobierno utilizar la figura de Corbana, donde el Estado es socio, para trasladar recursos que ya están disponibles en algunas entidades estatales y ejecutar las obras.
La propuesta se presentó ante la necesidad de agilizar los trabajos, en vista de la cercanía del invierno y la posibilidad de nuevas emergencias por aguaceros.
La idea es evitar la gran tramitología de las instituciones públicas, que retrasa la reconstrucción.
Los recursos seguirían bajo la vigilancia y auditoría de la Contraloría General de la República.
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