La instrucción fiscal por el presunto delito de peculado en el contrato del nuevo aeropuerto de Quito inició ayer

NOTIMACHALA

La instrucción fiscal por el presunto delito de peculado en el contrato del nuevo aeropuerto de Quito inició ayer, en forma oficial.Así lo anunció el presidente de la tercera sala de la Corte de Justicia de Pichincha, Eduardo Ochoa, tras la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo en el décimo piso del edificio de la corte, al norte de la capital."Dispongo que los involucrados sean notificados personalmente" decidió Ochoa, al final de la audiencia a la que comparecieron cinco de seis sindicados por el fiscal distrital, Marco Freire: el alcalde de Quito, Andrés Vallejo; los concejales Gonzalo Ortiz y Carlos Jaramillo y las ex concejales Wilma Andrade y Paulina Espinosa.La ex edil María Cárdenas estuvo representada por su abogado, Ernesto Albán Ricaurte, cuya firma también auspicia las otras causas, excepto la de Jaramillo, quien oficializó su propia defensa.Además de recibir el respaldo de varios concejales y funcionarios municipales que se dieron cita en el lugar, el ex alcalde Paco Moncayo estuvo sentado en primera fila. Él pidió la palabra tras escuchar el nombre de los sindicados, pese a que no formaba parte de las partes procesales"Solicito se me retire la inmunidad. Yo también quiero enfrentar este juicio", dijo el actual candidato a asambleísta por el Movimiento Municipalista.Las palabras de Moncayo arrancaron un sonoro aplauso de los asistentes. Sin embargo, el fiscal Freire negó la petición. "La inmunidad por su condición de candidato está contemplada en la Ley y yo no puedo actuar en contra", explicó el fiscal.La exposición de Freire tomó algo más de una hora. Sus argumentos se centraron en los resultados del examen especial "Contratación y ejecución del contrato de concesión del Aeropuerto de Quito, zona franca, parque tecnológico y centro logístico del complejo aeroportuario", realizado por la Contraloría.El documento determinó indicios de responsabilidad penal en la garantía que entregó el Municipio de Quito en la sesión del 17 de junio de 2005.El alcalde Vallejo rechazó la afirmación. "El informe de Contraloría parte de dos premisas falsas. El contrato no provoca ningún endeudamiento público y la garantía no tiene carácter financiero", enfatizó.